Imposición a la renta financiera: un debate entre idas y venidas

Imposición a la renta financiera: radiografía de un régimen retentivo a beneficiarios del exterior con marchas y contramarchas

El cobro de impuestos por la renta financiera derivada de acciones y otras inversiones en el mercado de capitales volvió al seno del debate político impulsado por la campaña electoral los últimos días. Con la reciente sanción y posterior suspensión de una norma reglamentaria de AFIP que pretendía alcanzar la renta a beneficiarios del exterior por la compraventa de instrumentos financieros, queda clara la dificultad en la convivencia de prioridades de tipo presupuestarias y políticas.

 

Imposición a la renta financiera: resolución

El 18 de julio la AFIP publicó la Resolución General 4094-E que establecía los pasos a seguir para el ingreso del impuesto a las ganancias con carácter de pago único y definitivo con relación a operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos, bonos y demás valores, efectuadas con beneficiarios del exterior.

Esta norma reglamentaria llegó casi 4 años después de la sanción de la ley 26.893 -reforma de la renta financiera- la cual volvió a gravar dichas operaciones a la tasa del 15% tras un letargo de más de una década. Sin embargo, sobre los beneficiarios del exterior no había nada regulado hasta la publicación de la Resolución, dejando un vacío reglamentario sobre el ingreso del impuesto para esta situación.

Así, la norma dispuso que los agentes de liquidación y compensación (ALYC), en los casos de operaciones efectuadas a través de bolsas o mercados regulados por la CNV, retengan el 15% sobre el 90% de las sumas pagadas al exterior o de la ganancia neta determinada en función a las normas de la ley del impuesto a las ganancias -tasa efectiva del 13,5%-.

Por otro lado, estipuló que si las citadas operaciones no se efectuaban a través de bolsas o mercados regulados por la CNV, la obligación de retener el impuesto e ingresarlo al fisco recaería sobre el adquirente de los instrumentos.

La resolución estableció también los pasos a seguir para el caso en que el adquirente fuese, a su vez, un residente del exterior, imponiéndole el deber de ingresar el impuesto mediante una transferencia de fondos en dólares estadounidenses. Esta situación, que se da habitualmente para el caso de los ADR, fue objeto de análisis por parte de la doctrina, la cual advirtió acerca de las complejidades que acarrearía la ubicación de estos sujetos, a efectos de garantizar el pleno ejercicio de las potestades fiscalizadoras.

 

Coyuntura electoral y cuestionamientos

Surgieron cuestionamientos con relación a la aplicación del presente régimen retentivo, por cuanto estipulaba alcanzar todas las operaciones efectuadas a partir del 23 de septiembre de 2013, inclusive -fecha en la cual fue sancionada la ley que procuraba reglamentar-. Es decir, la Resolución de AFIP recayó con efectos retroactivos, disponiendo un plazo especial de ingreso hasta el día 29 de septiembre de 2017. Esta situación obligaba a hacer una revisión histórica casi 4 años atrás de las adquisiciones a tenedores no residentes de estos instrumentos.

Se daban diversas situaciones. A modo de ejemplo, si oportunamente no se retuvo el gravamen, la norma suponía que habría que reclamar el 13,5% al beneficiario del exterior e ingresar la cifra resultante hasta la fecha mencionada. Por otro lado, está el caso de quienes hubieran aplicado la retención del 35% sobre el 90% del monto girado al exterior, prevista en el régimen de retención “estándar” a beneficiarios del exterior de la ley de Impuesto a las Ganancias.

Bajo este supuesto, no se estableció en la reglamentación un procedimiento para que el agente de retención reintegrara al beneficiario del exterior la diferencia por lo retenido en exceso, o uno alternativo para que este último pudiera solicitar la devolución de dicho monto.

La reacción del mercado argentino no se demoró, reprobando la medida regulatoria del Organismo Recaudador con una baja que llegó al 4,40% a media jornada; el Ministerio de Hacienda tomó nota del impacto generado por la medida fiscal, y el 20 de julio pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 4095-E, suspendiendo la vigencia de su antecesora por 180 días.

 

Conclusión

A modo de conclusión, el régimen de retención dispone la creación de agentes de retención que debería surgir de una ley emanada del Congreso de la Nación. A su vez, la misma regula su actuación con efectos retroactivos, deviniendo en una situación de complejo cumplimiento tanto para las ALYC como para los inversores.

Si el objetivo de esta Administración está orientada a obtener recursos a través de la compraventa de títulos valores, es de esperar que, al término de la suspensión de los 180 días que prevé la Resolución General 4095-E, se aplique una nueva reglamentación que procure alcanzar operaciones posteriores a su entrada en vigencia, de modo de garantizar la adecuación de los sistemas por parte de los sujetos designados como agentes de retención por ley.

A su vez, es deseable que se arbitren los mecanismos adecuados para garantizar una correcta notificación y cumplimiento de adquirentes situados en el exterior, en un marco de seguridad jurídica que apunte a impulsar la actividad financiera y la repatriación de capitales.